La transferencia de funciones y presupuestos civiles a los militares en los últimos 17 años hará muy difícil que el próximo Gobierno, sin importar quién gane la elección, recupere el control del poder civil, advirtieron integrantes de organizaciones ciudadanas.
Durante la presentación del reporte "Inventario Nacional de lo Militarizado", afirmaron que los instrumentos jurídicos que se han establecido para que los militares asuman responsabilidades que no les competen no establecen periodos concretos, por lo que podrían eternizarse.
"Hoy en día la militarización está tan enraizada que, incluso cambiando de gobierno, quien asuma la Presidencia para el próximo término tiene a los militares haciendo seguridad pública hasta el 2028 porque ese es el plazo constitucional que se le dio y tiene a los militares haciendo todo lo demás de acuerdo con los convenios que firmaron en unas vigencias que muchas veces son eternas", advirtió Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
De 2006 a 2023, se precisa en el reporte, fueron presentadas 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso para transferir funciones o presupuestos civiles a alguna de las Fuerzas Armadas.
El 77 por ciento, detalla, se presentaron entre septiembre de 2018 y agosto de 2023, es decir durante las últimas dos legislaturas, coincidentes con el último sexenio.
Además, puntualiza, en este sexenio se han comenzado a usar los acuerdos y decretos presidenciales para ampliar el poder militar, y a través de ellos se han creado 15 empresas bajo el control de las Fuerzas Armadas para que participen en obras como el Tren Maya.
La transferencia de responsabilidades civiles ha estado acompañada de cuantiosos recursos presupuestales, que no siempre se han podido precisar, pero en aquellos casos en los que sí se pudo rastrear se logró determinar la transferencia de 31 mil millones de pesos entre 2007 y 2022.
Sánchez consideró que la militarización del país comenzó hace al menos tres sexenios, sin embargo, se ha acelerado durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Es muy grave lo que está sucediendo y la dimensión que ha adquirido pues un fenómeno que podría haber ocurrido en un plazo de 100 años ha sucedido en muy poquitos años frente a nuestras narices sin ningún mecanismo de rendición de cuentas", resaltó.
Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, comentó que la mayoría de las reformas legales y de los convenios y acuerdos suscritos para que las Fuerzas Armadas asuman tareas tan dispares como encargarse de la seguridad pública, vigilar las aduanas, operar aeropuertos o una empresa ferroviaria se ha hecho sin establecer mecanismos claros de por qué se da la participación militar y hasta cuándo.
"Debemos preguntar: ¿Van a estar las Fuerzas Armadas? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya paz. ¿Cuándo hay paz? ¿Qué es paz? O antes, primera pregunta. ¿Cuándo se van a usar las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo sube la extorsión? ¿Cuándo suben los homicidios? ¿Cuándo suben en dos municipios? ¿Cuándo suben todo un estado? Estas son preguntas muy básicas, pero el orden jurídico sigue sin decirnos siquiera cuándo sí se puede usar", planteó.
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