La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, ha dicho a jueces y defensores públicos que la popularidad no debe regir su actuación, sino la legitimidad derivada de cada resolución o asesoría que ayude a acercar la justicia a los desprotegidos. Piña, una jueza de carrera que ha resuelto mantener un perfil político más o menos bajo pese a las constantes críticas lanzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que corregir de raíz la injusticia no está en las manos del aparato judicial, pero sí contenerla. La ministra ha hecho énfasis en que los funcionarios del Poder Judicial, si bien deben adaptarse a las exigencias ciudadanas y conducirse con sensibilidad, no deben pensar en términos de aceptación popular. La defensa de Piña a una labor judicial técnica se ha dado en un momento en que tanto ella, de manera cada vez más personal, y los jueces federales son constantemente cuestionados y descalificados desde el Poder Ejecutivo. Apenas el lunes, el presidente López Obrador acusó a los juzgadores de intentar un “golpe de Estado técnico” contra su Gobierno.
“He ahí, en el mandato de la Constitución, de la ley, la misión del Instituto y de quienes aquí trabajan. He ahí nuestra responsabilidad frente a las personas. He ahí los principios que marcan nuestra actuación, y a partir de los cuales habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social. Pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado, ni debe estar, en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”, ha dicho Piña la tarde del lunes en un evento de aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano del Consejo de la Judicatura Federal que forma a abogados que brindan representación jurídica gratuita a personas sin recursos.
Piña ha pedido a los defensores públicos acercar con cada asesoría la justicia a los desprotegidos. “Los orígenes de esa dolorosa injusticia no están en nuestras manos, sí en cambio contenerla. Eso ocurre en cada decisión que aquí se toma. El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa y creativa. Reten al Derecho a ser más justo. Reten al sistema que invisibiliza, y frecuentemente ignora, los derechos de los más desaventajados”, ha afirmado. “En sus manos está cada día, en cada caso, una oportunidad concreta para cambiar vidas, para mejorar a nuestro país, para hacer realidad ese término tan usado, ‘justicia’, que, sin embargo, con mucha frecuencia, más de la que quisiéramos, parece muy alejado de la ciudadanía, de nuestra vida cotidiana. Ustedes son un puente real que nos permite acortar esa penosa distancia”, ha agregado.
Si la defensa de Piña a la labor judicial sucedió la tarde del lunes, la mañana de este martes su nombre volvió a ser usado como blanco en la conferencia que el presidente López Obrador imparte todos los días desde Palacio Nacional. Esta vez, el subsecretario de Seguridad federal, Luis Rodríguez Bucio, acusó directamente a Piña de “desestimar” una denuncia promovida por el Ejecutivo por la supuesta mala actuación de una jueza federal de Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, en un caso de desaparición forzada. Bucio señaló a esta jueza de emitir “criterios parciales” que favorecieron a los sujetos que las autoridades señalaron como responsables de la desaparición de un pepenador de basura. El subsecretario sostuvo que la responsabilidad de que no prosperara la queja administrativa contra la jueza es de Piña, pues la ministra preside tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura, órgano que vigila la conducta de los juzgadores federales.
Hacia el final de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador tomó la palabra para exhibir cómo el Poder Judicial contrató a otra excolaboradora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón que ha sido declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Se trata de María Fernanda Casanueva de Diego, que, de acuerdo con López Obrador, fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, periodo en el que García Luna era secretario de Seguridad y jefe de la funcionaria. El presidente ya había revelado la semana pasada el nombre de Sonia Vargas Terrero, otra excolaboradora de García Luna que fue contratada en abril de este año como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura. El Gobierno ha usado estas dos contrataciones como herramienta para fustigar al Poder Judicial y a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
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