La oficina de presupuesto de la Casa Blanca indicó el viernes que comenzaron los despidos masivos de trabajadores federales, en un intento del gobierno del presidente Donald Trump de ejercer mayor presión sobre los legisladores demócratas mientras el cierre del gobierno llegaba a su décimo día.
Russ Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), manifestó en la red social X que los “RIF han comenzado”, refiriéndose, por sus siglas en inglés, a los planes de reducción de personal.
En un documento jurídico, la oficina de presupuesto indicó que más de 4 mil empleados serían despedidos, aunque señaló que la situación de financiamiento era “fluida y evolucionaba rápidamente”.
Los despidos afectarían más a los departamentos del Tesoro, que perdería más de mil 400 empleados; Salud y Servicios Humanos, con una pérdida de más de mil cien, y Vivienda y Desarrollo Urbano, que prescindiría de más de 400.
Los departamentos de Comercio, Educación, Energía, Seguridad Nacional y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) también despedirían a cientos de empleados más. No estaba claro qué programas específicos serían afectados.
La agresiva medida de la oficina de presupuesto de Trump va mucho más allá de lo que suele ocurrir en un cierre del gobierno y recrudece una dinámica ya tóxica entre la Casa Blanca y el Congreso. Las conversaciones para poner fin al cierre son casi inexistentes.
Típicamente, los trabajadores federales son suspendidos temporalmente, pero regresan a sus puestos una vez que el cierre termina, tradicionalmente con pago retroactivo. Se calcula que unos 750 mil empleados sean suspendidos durante el cierre, según han dicho funcionarios.
En comentarios a los periodistas en el Despacho Oval el viernes por la noche, Trump dijo que muchas personas perderían sus empleos, y que los despidos se centrarían en áreas inclinadas a los demócratas. “Será mucho, y anunciaremos los números en los próximos días”. “Pero será mucha gente”, anunció.
Algunos republicanos destacados criticaron duramente las acciones del gobierno, entre ellos Susan Collins, presidenta de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado. La senadora Lisa Murkowski dijo que el anuncio había sido efectuado “en un momento inoportuno” y era “un ejemplo más de las acciones punitivas de este gobierno hacia la fuerza laboral federal”.
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