Para evitar delitos como el turismo sexual durante el Mundial de Fútbol 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló la existencia del "Plan Kukulkán", un dispositivo federal coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades locales para detectar y prevenir otras amenazas.
"Sobre el turismo sexual en el Mundial de 2026, sobre su inquietud, estamos preparando todos los días a través del Centro Nacional de Inteligencia, que es quien coordina la mesa, y un plan que con gusto también en este diálogo que ustedes han propuesto, más cerrado, les podemos compartir, es el Plan Kukulkán, donde participan todas las instancias de seguridad del País, también las autoridades locales donde se participa, en reuniones continuas, pero no solo en reuniones, sino en evaluación de riesgos para evitar este y muchos otros delitos que puedan ser una amenaza", dijo durante su comparecencia en el Senado de la República.
La ruta de coordinación nacional para el Mundial había sido anticipada por gobiernos estatales, bajo una mesa central que encabeza Seguridad federal, en la que se prevén despliegues masivos de elementos, protocolos de inteligencia y atención a multitudes mediante esquemas de prevención.
El Plan Kukulkán se discutirá y ajustará en reuniones periódicas y en espacios cerrados de trabajo con legisladores, y que su enfoque no se limita a turismo sexual, sino a otros delitos y amenazas vinculadas a grandes concentraciones.
En el tema de la extorsión, el funcionario federal anticipó que al perseguirse de oficio, van a aumentar las denuncias sobre ese fenómeno.
Ante preguntas de legisladores, el Secretario informó que con la iniciativa de Ley General contra la Extorsión enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, el delito elevará el número de denuncias al no exigir a la víctima "dar la cara" y permitir que el Estado active la investigación a partir de reportes anónimos al 089 y de inteligencia técnica (telefonía, rastreo financiero, peritajes).
El objetivo, dijo, es disminuir la cifra negra, homologar criterios en todo el país y operar directamente contra las estructuras criminales.
El paquete jurídico, respaldado por reformas constitucionales que facultan al Congreso para expedir la Ley General de Extorsión, busca estandarizar definiciones, penas y agravantes, y unificar la respuesta penal federal-estatal para un delito con un alto grado de subdenuncia.
En los últimos meses, el Gobierno también ha impulsado la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que se destaca en cinco ejes:el teléfono 089 como vía de denuncia, cancelación inmediata de líneas extorsivas, trabajo con telefónicas, rastreo financiero, y operativos con fiscalías y policías locales.
Harfuch subrayó a los senadores que más denuncias no significan más extorsión, sino mayor flujo de información para investigar y detener a generadores de violencia.
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