Mientras las cárceles mexicanas registran un déficit de más de 45 mil espacios, el Gobierno federal proyecta construir seis centros penitenciarios en diversas entidades federativas con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. A la par, mantiene sin operar infraestructura penitenciaria ya existente como el CEFERESO de Papantla en Veracruz.
Los nuevos penales cubrirían alrededor de 41 por ciento del déficit actual. Incluso si estuvieran disponibles hoy, faltarían 26 mil 616 lugares, sin considerar los cambios en la población penitenciaria durante su construcción.
En su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum reportó más de 63 mil personas detenidas entre octubre de 2024 y julio de 2026. Aunque las detenciones no equivalen automáticamente a ingresos a prisión, el balance ocurre mientras el sistema penitenciario ya enfrenta un déficit de capacidad.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, hasta agosto de este año las cárceles albergaban a más de 275 mil personas para una capacidad cercana a 230 mil espacios.
El excedente era de 45 mil 96 internos, equivalente a una sobrepoblación nacional de 19.57 por ciento. La saturación se combina con dificultades para clasificar y separar a los internos, insuficiencia de personal de custodia y problemas de control penitenciario.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó una clasificación inadecuada de personas privadas de la libertad en 98.9 por ciento de los centros estatales supervisados y falta de personal de seguridad y custodia en 92.3 por ciento.
Los riesgos quedaron expuestos en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde dos enfrentamientos registrados el 8 y 9 de octubre dejaron 12 personas muertas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita.
Tras esos hechos, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció durante la conferencia mañanera de este martes la construcción de seis centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
El proyecto contempla infraestructura de alta seguridad, vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para clasificar a los internos según su perfil. También prevé espacios de educación, trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y actividades deportivas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que reducir la sobrepoblación responde tanto a una obligación de derechos humanos como a una necesidad de seguridad. Asimismo, señaló que los nuevos establecimientos serán operados por autoridades federales o estatales.
La ampliación, sin embargo, llevará tiempo. El titular de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, estimó que los centros podrían estar terminados en 2028, dependiendo de las condiciones de los predios y sus ubicaciones.
El funcionario reconoció que la construcción de cárceles no resolverá por sí sola el crecimiento de la población penitenciaria, por lo que se analizan medidas adicionales, incluida la revisión de casos que puedan acceder legalmente a la libertad.
Durante ese periodo, una alternativa para aliviar la presión en Veracruz es el complejo federal de Papantla, diseñado para recibir a más de dos mil personas privadas de la libertad y que permanece sin operar.
Veracruz figura entre las entidades con mayor saturación penitenciaria. Según los datos de agosto incorporados al documento, ocupa el tercer lugar nacional, con alrededor de 11 mil internos y una sobrepoblación cercana a 59 por ciento de su capacidad instalada.
Con capacidad para dos mil personas privadas de la libertad, la apertura del Cefereso de Papantla permitiría aprovechar la infraestructura existente para trasladar a internos que requieran mayores condiciones de seguridad o liberar espacios en cárceles estatales.
No obstante, para incorporarlo al sistema sería necesario determinar el estado de las instalaciones, las adecuaciones, el presupuesto, el personal requerido y las condiciones contractuales.
Aunque la Presidenta descartó la operación privada de los nuevos penales, queda por definir si se podrían desarrollar esquemas que permitan aprovechar instalaciones ya construidas como el Penal de Papantla mientras se concretan las obras anunciadas para 2028.
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