La elección judicial del 1 de junio en México se ha visto ensombrecida por preocupaciones sobre la penetración de grupos del narcotráfico. Tanto la Iglesia Católica como el gobierno de Estados Unidos han advertido que los grupos del crimen organizado podrían intentar colocar a sus propios candidatos en los puestos judiciales, publicó este lunes el diario Washington Post.
Entre los candidatos a juzgadores que participarán en la elección del 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros, hay personajes que han defendido a narcotraficantes, que están acusados de ataques a periodistas o que son integrantes del círculo cercano del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, acusado de abuso sexual en contra de menores de edad.
La organización Defensorxs, que ha monitoreado el proceso de la elección judicial, elaboró una clasificación de candidaturas altamente riesgosas. Entre ellos, lo mismo se encuentra una exabogada del Chapo Guzmán, uno del Z40, un candidato acusado de acoso sexual y que en un arranque de ira porque estaba en una silla incomoda, la rompió para que se la cambiaran, o una jueza que pedía a su equipo de trabajo que le enseñara su celular y presuntamente privó a un empleado de su libertad.
Por ejemplo, un candidato solía ser abogado de un líder de Los Zetas, organización criminal conocida por "desaparecer" a miles de personas. Otro candidato cumplió seis años en una cárcel de Texas por posesión de metanfetaminas.
El Post publicó que uno de los casos más sonados es el de Silvia Delgado, quien se postuló para jueza estatal. Delgado fue parte del equipo legal del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa.
La candidata se ha defendido con el argumento de que el tráfico de drogas es un delito federal, por lo que no manejaría esos casos, aunque reconoce que podría enfrentar a miembros del cártel de Sinaloa acusados de homicidio, extorsión, robo de autos o narcomenudeo.
Algunas fuentes indican que algunos abogados de traficantes son empleados de los cárteles, mientras que otros, como Delgado afirma ser, simplemente ofrecen servicios de defensa legal.
Otro caso reportado es el de Francisco Herrera Franco, un exfiscal estatal en Michoacán. Dejó su cargo en 2022 después de que surgiera una grabación donde presuntamente asesoraba legalmente a un presunto gánster. Dos periodistas que escribieron historias acusándolo de corrupción fueron asesinados. Herrera Franco ha negado haber actuado mal y ha dicho que la voz en la grabación no es suya; no ha sido acusado de ningún delito.
Contexto: el nuevo sistema judicial es una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El exmandatario atacó a los jueces que bloquearon sus acciones, calificándolos de corruptos y políticamente parciales. Compartía el entusiasmo de Trump por cambios grandes y audaces en el gobierno. Tras la victoria de su partido Morena y la sucesión de Sheinbaum, implementaron este cambio.
En esta elección, se elegirá a toda la Suprema Corte y a la mitad de los jueces federales (aproximadamente 850), mientras que la otra mitad será reemplazada en 2027. Los mexicanos también seleccionarán a unos 1,800 magistrados estatales. Un votante típico en una ciudad como Juárez deberá elegir más de 100 jueces locales, estatales y federales, llenando una docena de boletas.
Candidato a juez en Durango habría purgado condena en EU por narco
Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez de distrito por Durango, ha sido señalado por presuntamente haber estado preso en Estados Unidos por delitos relacionados con prácticas de narcotráfico.
Su nombre aparece en el registro oficial del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), bajo el número 99757-379, información que fue verificada por este medio. De acuerdo con el BOP, Chávez Vargas fue liberado el 7 de junio de 2021, tras haber permanecido presuntamente en custodia federal casi seis años.
Críticas a la selección y los requisitos mínimos
Analistas legales señalan que los reportes sobre candidatos cuestionables subrayan el cribado inadecuado por parte del gobierno de México, que estableció pocos requisitos para quienes se postulan. Los requisitos son mínimos: tan solo tres años de experiencia legal, cartas de recomendación de colegas o vecinos, y no tener antecedentes penales. Se señala que más de 50,000 candidatos fueron evaluados en pocas semanas por los gobiernos federal y estatales.
Bajo las nuevas reglas, académicos del derecho temen que los candidatos deberán su elección no al sistema judicial, sino a grupos que pueden conseguirles votos, incluyendo al crimen organizado.
Respuesta del gobierno y la perspectiva oficial
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que los escándalos involucran solo a un pequeño número de candidatos. El gobierno, afectado por las revelaciones, está tomando medidas para excluir a al menos 18 candidatos judiciales. Sin embargo, analistas advierten que la amenaza va más allá de un puñado de "narco abogados" destacados en los medios.
Miguel Alfonso Meza, un activista anticorrupción de 27 años, fue uno de los primeros en alertar. Su grupo, Defensorxs, hizo un llamado al público para que enviara nombres de candidatos problemáticos y él, junto a un equipo de voluntarios, los evaluó. Meza describió el proceso como "muy fácil", a menudo requiriendo solo buscar los nombres en Google.
El grupo de Meza calificó a Delgado como una candidata de "alto riesgo". Meza argumenta que el riesgo mínimo es el conflicto de intereses, señalando que "No puedes estar un día defendiendo al cártel de Sinaloa, y al día siguiente estar en un trabajo donde estás juzgando a mucha gente que pertenece al cártel de Sinaloa".
Mecanismos de Influencia del narcotráfico
Expertos como Carlos Murillo, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, anticipan que la influencia narco en la votación será probablemente sutil. Los partidos políticos probablemente determinarán quién gana, ya que son los únicos que tienen las estructuras para movilizar votantes en una elección que ha generado poco entusiasmo público.
Los partidos políticos pueden proporcionar a cada votante una lista de candidatos recomendados. Grupos de interés, incluyendo los cárteles, presionarán a los partidos para que incluyan a sus candidatos en estas listas críticas. Murillo afirma que "Habrá penetración del crimen organizado... Porque existe en todos los niveles de la sociedad".
Se señala que los narcotraficantes ya han demostrado su influencia política instalando a decenas de alcaldes en ciudades mexicanas en los últimos años. Además, la presencia de grupos narcotraficantes ha sido parte de la economía local en ciudades como Juárez durante mucho tiempo.
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