Desde su creación en 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene una estructura administrativa rígida y con alto costo laboral, impulsada por los elevados sueldos de mandos medios y superiores, además de un amplio esquema de prestaciones. Documentos públicos del organismo revelan que en 2025, de un presupuesto base de 12 mil 305 millones de pesos, la nómina concentró 76 por ciento del gasto.
Ese recurso financió 16 mil 208 plazas presupuestales y mil 432 de honorarios permanentes —todas con prestaciones—, además de personal eventual para proyectos temporales. El peso salarial obliga incluso a sostener un fideicomiso para pasivos laborales, que el año pasado acumuló 595 millones de pesos.
Mientras el Poder Judicial aplicó un recorte de 10 por ciento a su nómina como parte de un plan de austeridad, el INE no ha anunciado medidas similares. Consejeros del organismo defienden el gasto al señalar que se trata de derechos adquiridos y que es indispensable para garantizar “elecciones de calidad”, además de representar una fracción mínima del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El PEF 2026 detalla que los consejeros perciben sueldos brutos de entre 229 mil y 258 mil pesos mensuales, que con prestaciones pueden llegar hasta 366 mil. El secretario ejecutivo recibe entre 216 mil y 243 mil; directivos, 242 mil; coordinadores y directores, hasta 177 mil; y vocales distritales alrededor de 79 mil, todos con beneficios adicionales.
Entre 2014 y 2026, el gasto político-electoral —considerando sólo al INE y a los partidos nacionales— suma cerca de 265 mil millones de pesos. Para este año, sin procesos federales, el organismo cuenta con 14 mil millones de presupuesto, más 7 mil 368 millones en prerrogativas a partidos, cifras que mantienen encendido el debate sobre eficiencia y austeridad en la autoridad electoral.
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