En México operan empresas cuyo modelo de negocio promueve el racismo y donde la mayoría de los corporativos carecen de acciones para garantizar que las personas racializadas accedan a puestos directivos, de acuerdo con el primer Índice de Inclusión Racial en Empresas (IIRE).
Los resultados del estudio elaborado por la consultora EY, la organización Racismo MX y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), en el que participaron 20 compañías, muestran que, aunque 85 por ciento capacita a su personal en derechos humanos o no discriminación y 70 por ciento cuenta con un presupuesto específico para acciones de inclusión, solo 20 por ciento instruyó a sus equipos gerenciales en el combate al racismo.
Además, únicamente 40 por ciento tiene una política que incluye explícitamente la no discriminación étnico-racial y el mismo porcentaje aplica mecanismos de autoidentificación en esta materia.
Durante la presentación de los resultados, José Antonio Aguilar, director de Racismo MX, señaló que el informe muestra que “no estamos tan adelantados en temas de políticas de atención a casos de discriminación o de políticas de promoción dentro del trabajo para que haya programas especiales para personas racializadas que puedan subir de nivel jerárquico”.
Agregó que el racismo ha sido una problemática negada en el país, mientras que en el sector privado se trabaja el pilar de diversidad, pero no la lucha contra el racismo. “Lo reducimos a un tema de tono de piel, cuando en realidad el racismo afecta a la mayor parte de los mexicanos”, indicó al recordar que 20 por ciento de la población es indígena, 6 por ciento habla una lengua originaria y 85 por ciento tiene tono de piel oscuro o moreno.
Sobre la forma de opresión en los centros de trabajo, Aguilar advirtió que, si la mayoría de los empleados racializados ocupa los cargos más bajos, “no hay mucha diferencia con una hacienda o una plantación del siglo XIX”.
Por ello, subrayó que derribar este sistema de opresión requiere un esfuerzo colectivo entre iniciativa privada, Estado, sociedad civil y organismos internacionales, además de vincular estos datos con el desempeño financiero y respaldar la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Por su parte, Maricela Hernández, secretaria técnica del Copred, destacó que ninguna de las firmas evaluadas cuenta con un plan para integrar a personas racializadas en sus plantillas.
No obstante, resaltó que 43 por ciento de las participantes pertenece al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (GATI) impulsado por el organismo, donde obtuvieron un promedio de 43.2 puntos frente a 13.1 de quienes no forman parte de él. “Es importante reconocer al GATI como una estrategia que ha rendido frutos y que está funcionando”, puntualizó al explicar que las políticas deben entenderse como medidas de prevención estructural.
En el encuentro, Mario López Roldán, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, resaltó que “tenemos empresas en México que su modelo de negocios es promover el racismo. Como nuestras dos grandes fábricas de valores, que son las dos grandes televisoras que tenemos en este país”.
El especialista detalló que recopilar datos étnico-raciales permite hacer visibles las brechas salariales y las barreras de contratación. Explicó que la discriminación de género en instituciones sociales cuesta a la economía mundial hasta 12 billones de dólares, equivalentes al 16 por ciento de los ingresos globales, y enfatizó que la OCDE aún no cuenta con esa estimación económica para la discriminación racial, aunque ya trabaja para obtener dichos resultados.
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