El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, principal representante del sector privado, pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno que elimine las trabas que restringen los trámites y futuros de las compañías que participan en el sector energético.
El comunicado del CCE emitido este lunes se da después de que en los días recientes la CRE publicase un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que "impide el eficiente desarrollo del sector energético ante la acumulación de trámites".
Hasta el momento, calculó el organismo, los trámites pendientes suman cerca de 10,000, correspondientes a hidrocarburos, electricidad y preregistro.
"Esta acumulación de permisos, que deben ser procesados por la CRE, se sumarán a una importante solicitud de nuevos permisos", alertó el CCE.
Estos, aseguraron, serán un freno a la realización de proyectos que son "esenciales" para aprovechar inversiones productivas en México en el sector energético.
Además, denunciaron que el acuerdo publicado por la CRE carece de una "metodología transparente" e "impone límites artificiales".
Entre los motivos, destacaron que tan solo se consideran 50 permisos al mes en materia de hidrocarburos, 15 de electricidad y 120 de preregistros, o que únicamente se podrá solicitar un permiso mensual por persona física o moral.
Estas medidas, agregaron, contravienen los plazos legales establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, la de Hidrocarburos, la de Transición Energética o la de Cambio Climático, por lo que podrían ser susceptibles de "controversias de carácter legal".
También, advirtió el CCE, podría abrir un nuevo frente en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), bajo el que ya existe una consulta abierta para cuestionar la política energética mexicana.
Por todo ello, el sector empresarial solicitó modificar el acuerdo y establecer un sistema "eficiente y transparente" de plazos que fomente el desarrollo y la competencia en el sector energético mexicano.
La alerta del CCE es una nueva polémica de la política energética nacionalista del presidente, Andrés Manuel López Obrador, acusado de entorpecer la inversión privada, en particular extranjera, para beneficiar a las empresas del Estado: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
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