La Corte Penal Internacional (CPI) informó ayer que emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en las zonas ocupadas durante la invasión a Ucrania, una decisión que Moscú calificó de “carente de sentido” y de una instrucción “legalmente nula” dado que su gobierno no reconoce a este tribunal.
Es la primera vez que la corte emite una orden contra un líder de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
También mandató un arresto por los mismos motivos, considerados “un crimen de guerra”, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal, con sede en La Haya, en un comunicado.
Putin “es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa”, manifestó el colegiado jurídico. “Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucranio ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022”, prosiguió.
Existen “motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable de los delitos referidos”, añadió.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de menores de edad eran objeto de “una investigación prioritaria, pues los niños no pueden ser tratados como botín de guerra”.
Khan calificó las peticiones de aprehensión de un “primer paso concreto”, mientras continúan otras pesquisas.
El presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, apuntó en una declaración en video que, si bien los jueces han emitido las órdenes, dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir.
La corte no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, al tener en cuenta que no tiene una fuerza policial propia y Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú recordó de inmediato
En la primera reacción, la portavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, Maria Zajarova, indicó en su canal de Telegram: “Las decisiones de la CPI no tienen ningún significado para nuestro país; tampoco desde el punto de vista jurídico. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la CPI y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo”.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que Moscú considera “indignantes e inaceptables” las mismas cuestiones planteadas por el tribunal, y que cualquier decisión es “nula y sin valor” para su país.
Putin es el tercer presidente en ejercicio sobre el que pesa una orden de arresto de la CPI, tras el sudanés Omar al Bashir y el libio Muamar Gadafi. Aunque es poco probable que Putin acabe pronto ante un tribunal; la orden significa que podría ser detenido y enviado a La Haya si viaja a cualquiera de los estados miembros de la CPI.
Peskov se negó a comentar cuando se le preguntó si el mandatario ruso evitaría hacer viajes a países donde podría ser arrestado por orden del tribunal.
Lvova-Belova reaccionó con sarcasmo. “Es muy bueno que la comunidad internacional haya valorado el trabajo para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejemos en zonas de guerra, que los saquemos, les generemos buenas condiciones, que los rodeemos de amor, gente que se preocupa”, declaró.
El Kremlin no ha ocultado un programa en virtud del cual ha llevado a miles de niños ucranios a Rusia, pero lo presenta como una campaña humanitaria para proteger a los huérfanos y a los niños abandonados en la zona de conflicto.
De acuerdo con el gobierno ucranio, al menos 16 mil menores de edad han sido desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto, mientras un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale dio cuenta de al menos 6 mil niños repartidos en 40 internados del gobierno de Putin.
En tanto, el embajador ruso en la ONU, Vasili Nebenzia, al hablar ante el Consejo de Seguridad, señaló que su país se prepara para establecer un tribunal internacional sobre Ucrania.
El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, destacó la “decisión histórica, que dará inicio a una responsabilidad histórica” en la rendición de cuentas por los actos cometidos por las tropas rusas.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan.
El presidente estadunidense, Joe Biden, aseguró que la orden de captura está “justificada”. Aunque Washington tampoco es miembro de la institución, la decisión “envía una señal muy fuerte”.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró la decisión del tribunal el inicio de un proceso para que Rusia responda por sus acciones.
El gobierno británico celebró la medida y dijo que así se obligaría “a quienes están en la cúpula del régimen ruso, incluido Vladimir Putin, a rendir cuentas”.
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