Reconociendo que el modus operandi del crimen organizado en las diversas modalidades de la extorsión “supera contundentemente la norma”, la Cámara de Diputados busca crear una Ley General que armonice, sistematice y homologue el delito, a fin de combatirlo.
En el dictamen aprobado este martes por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales se reconoce que un tipo de extorsión es la que se ejerce desde los grupos criminales en contra de autoridades.
“La delincuencia organizada incluso ha amenazado a funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan; de esta forma emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado”, se describe en el proyecto de decreto.
El cambio constitucional que sería aprobado en septiembre próximo busca que el Congreso de la Unión expida esa Ley General para unificar y contemplar el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.
Y se perfila desde ya, en ese documento, el alcance que deberá tener la legislación secundaria, la cual quedaría formulada en un plazo de seis meses cómo máximo después de que se promulgue la reforma constitucional.
LA LEY GENERAL
Los diputados plantean que esa legislación que deberán retomar las entidades contaría con las sanciones en materia de extorsión y objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.
De acuerdo con cifras de las denuncias ante fiscalías contabilizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11,039, 10,950 y 10,804 víctimas de extorsión, respectivamente.
“La incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en el año 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 se registró un promedio diario de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62% en solo seis años”, se precisa en el documento.
Se detalla que este delito impacta “de forma transversal”, porque genera daños patrimoniales, sobre diversos bienes jurídicos tutelados y derechos humanos al vulnerar la integridad física y psicológica, a nivel individual y social. Y se reconoce que “inclusive, muchas veces se pone en riesgo o se pierde la libertad y la vida”.
Se concluye en la exposición de motivos que, por lo tanto, las secuelas negativas de la extorsión son múltiples en tanto dañan el patrimonio personal, la economía nacional, la paz y la integridad personal y social.
MODOS DE EXTORSIONAR
En el dictamen se cita la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional para señalar las modalidades que se dan de este delito: extorsión directa cuando el extorsionador se presenta de forma personal a realizar la amenaza; indirecta cuando la extorsión es telefónica o mediante personas intermediarias o por redes sociales.
“En cuanto a la naturaleza de la amenaza contempla el chantaje a la destrucción de un negocio, la reputación de la víctima, violencia, muerte propia o de familiares, etc. Respecto la fuente de poder, se refiere a los medios o recursos que la persona extorsionadora utiliza para generar miedo en su víctima, entre otras cosas, la información o imágenes de la familia, lugar de residencia y la violencia física o verbal”, se enumera.
“Asimismo, las modalidades de pago son en efectivo, depósitos, alimentos, bienes, servicios y favores, inclusive, los pagos sexuales que afectan directamente a mujeres”.
DELITO DE ALTO IMPACTO
Se expone que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto y que hasta ahora la prevención y su combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno.
Se detalla que “la extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que, en estos casos, su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas en lo individual, sino también en forma colectiva, ya que se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad, cuando se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas”.
El diagnóstico que el proyecto de decreto comparte incluye el reconocimiento de que no existe una política criminal unificada “sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país”.
Se admite además que ninguna de las legislaciones estatales actuales contiene las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar con eficacia la complejidad de este delito.
ÉXITO DEL 67%
De las cifras que se comparten en el dictamen, destaca la que ilustra el grado de éxito que los extorsionadores tienen al concretar sus propósitos en casi 7 de cada 10 delitos que cometen.
Lo anterior es así porque en el 67 % de los casos, se entregó lo solicitado.
Se ofrecen cifras de 2023 para señalar que en ese año 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito. Esto significa que el 27. 2 % de las unidades económicas del país fueron afectadas.
“El delito más frecuente fue la extorsión, con una tasa de prevalencia delictiva de 1, 562 por cada 10 mil unidades económicas. En el mismo año, se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5, 213 extorsiones por cada 100, 000 habitantes"
“En 18 entidades federativas, el delito más frecuente contra las unidades económicas fue la extorsión. Þ También en 2023, se cometieron 747 mil delitos de extorsión. De estos, 113 mil correspondieron a delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso”
Se plantea que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124.3 mil millones de pesos (0.51 % del Producto Interno Bruto).
Y el costo promedio del delito resultado del gasto en medidas de protección y de las pérdidas durante 2023, fue de 54, 451 pesos por unidad económica.
En 90.3% de los casos no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación.
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