La ley minera mexicana carece de técnica jurídica e introduce causantes de cancelación y contradicciones que desalientan la inversión, por lo que se requiere modificarla, consideró la Cámara de Minería de México (Camimex).
"Se requiere modernizar la ley y reformarla, pero logrando un equilibrio entre crecimiento económico con protección ambiental y social.
"La incertidumbre normativa no sólo frena la inversión, sino que también pone en riesgo la competitividad del sector", afirmó Karina Rodríguez Matus, asesora jurídica de la Camimex.
Al participar en un panel sobre regulación en el marco de la 36 Convención Internacional de Minería, agregó que esta legislación está generando incertidumbre a los inversionistas nuevos y a los que ya tienen una concesión, lo que pone en desventaja al sector en México frente a otros países.
"Necesitamos una nueva ley que considere un diagnóstico real del sector, que devuelva la exploración a los particulares", dijo.
"No sabemos por qué no hay un reglamento, sabemos que hay trabajos, pero lo que se requiere en realidad un cambio en la ley", agregó.
Asimismo, opinó que se requiere incorporar conceptos como el impacto social por etapas, revisar los casuales de veto, entre otros elementos.
Rodrigo Sánchez Mejorada, socio de Sánchez Mejorada, Velasco y Ribé, expuso que la exploración es vital en la minería, pero que requiere de grandes recursos que el Gobierno no puede asumir.
A su vez, Federico Kunz, abogado especialista en derecho minero, destacó que la actual ley establece sanciones administrativas elevadas que van hasta 4 por ciento de los ingresos.
Criticó que a pesar de que se mantiene un diálogo con las autoridades sobre la necesidad de tener un reglamento, aún no hay avances.
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